Javier Alvarado Gonzales del Valle anunció, a través de su cuenta oficial de Facebook, su intención de postular al Gobierno Regional de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre próximo.
En el mensaje difundido en redes sociales expresó: “Con verdad, firmeza y lealtad… el futuro lo construimos juntos”, afirmando que asume “un nuevo reto” junto a los ciudadanos de Lima Provincias.
Asimismo, hizo pública su participación política bajo el lema “Alianza Renovación Popular y Patria Joven”, presentándose como candidato al Gobierno Regional de Lima.
Cabe recordar que, en el último proceso electoral, Alvarado también postuló al cargo de senador por Lima Provincias por el partido Renovación Popular, aunque no logró alcanzar dicho objetivo.
El anuncio marca su retorno al escenario electoral y ha generado diversas reacciones en el ámbito político regional.
Al mismo tiempo, ha vuelto a poner sobre la mesa los procesos judiciales que enfrentó durante su trayectoria pública, relacionados con su gestión como exalcalde de Lunahuaná y Cañete, así como de presidente regional.
De acuerdo con información de conocimiento público, Alvarado afrontó investigaciones y procesos penales, e incluso permaneció durante un periodo con orden de captura.
Posteriormente, el Tribunal Constitucional dispuso la realización de un nuevo juicio en uno de los casos, por lo que el proceso correspondiente continuó su trámite conforme a las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales competentes.
Cabe recordar que, mientras la condena penal se encontraba vigente, Javier Alvarado estuvo legalmente impedido de postular a cargos de elección popular. Sin embargo, tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y su rehabilitación legal, recuperó el ejercicio de sus derechos políticos, incluido el derecho a ser candidato.
Con este anuncio, Javier Alvarado se perfila como uno de los actores que buscarán participar en la contienda por el Gobierno Regional de Lima, en un contexto en el que tanto su experiencia en la gestión pública como sus antecedentes judiciales volverán a formar parte del debate político y ciudadano.
